El rol del derecho internacional

 

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Hubo pocas instancias en la historia del mundo, y ciertamente ninguna en Latinoamérica de persecución de quienes fueran los responsables por violaciones masivas de derechos humanos. La Argentina hizo justamente eso y, en forma aún más notable, llevó a cabo esta tarea sin un ejército invasor y sin ninguna división de las fuerzas armadas apoyando los juicios, contando sólo con su capital moral. Dadas estas circunstancias, la investigación y la persecución de los abusos a los derechos humanos realizadas por el presidente Alfonsín se sostuvo milagrosamente bien.
El resultado fue el producto de acciones no coordinadas de varios agentes independientes, y casi todo lo que podría requerirse moralmente bajo las circunstancias, un ejemplo de lo que Bernard Williams llama “suerte moral.” Los juicios contribuyeron a crear una conciencia pública acerca de los horrores que pueden ocurrir cuando la democracia y el estado de derecho son dejados de lado. El presidente Alfonsín fue capaz, además, de lograr estos resultados, sin poner a las instituciones democráticas bajo una excesiva tensión debido a las reacciones de los militares. Consecuentemente, los militares cambiaron gradualmente su forma característica de discurso, aceptando una visión menos holista de nación y una visión menos elitista epistémica acerca de sus necesidades.
El éxito del gobierno de Alfonsín, aun con sus limitaciones, fue el producto de un delicado equilibrio entre varios factores.
Algunos estudiosos tales como Diane Orenclicher, argumentan en favor de un deber internacional de castigar a las violaciones de derechos humanos del régimen anterior. La presuposición que está detrás de este argumento es que de esta manera la presión de la comunidad internacional sobre la situación del país fortalecería al nuevo gobierno democrático posibilitando el cumplimiento de los objetivos de la demanda punitiva del Estado. Yo pienso diferente. No creo que el equilibrio en la Argentina se hubiera visto fortificado por un deber internacional de persecución total y sin concesiones como el que la profesora Orenclicher defiende. De hecho, un deber internacional de esa naturaleza tal vez hubiera desestabilizado aún más el proceso de promoción de los juicios, aumentado la polarización entre los grupos de derechos humanos que presionaban por más persecución y los militares. Enfrentado a la posibilidad de sanciones internacionales, el gobierno de Alfonsín se hubiera visto forzado a admitir públicamente que carecía de la fuerza necesaria para castigar a todos aquellos que merecían ser castigados. Esta abierta confesión de impotencia hubiera deteriorado la imagen del gobierno con resultados inimaginables. Un deber internacional de perseguir todas las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen anterior es un instrumento demasiado basto cuando el nuevo gobierno debe luchar con complejidades muy sutiles para restablecer la democracia.
Por supuesto, todo castigo puede producir consecuencias valiosas. Por ejemplo, puede prevenir actos similares demostrando que ningún grupo está por encima de la ley y además imponer respeto por el estado de derecho. Pero el valor de las persecuciones puede resultar limitado y debe equilibrarse con la meta de preservar el sistema democrático, lo que se torna aún más razonable cuando nos damos cuenta de que la preservación del sistema democrático es un prerrequisito de esas persecuciones y su pérdida es un antecedente necesario para las violaciones masivas de derechos humanos.
Creo que sería mucho más útil que el derecho internacional reconociera el derecho de la comunidad mundial de castigar las violaciones de derechos humanos en un foro internacional. El espíritu pos-Nuremberg de requerir que los autores de delitos contra los derechos humanos respondan por sus crímenes ante un tribunal internacional parece ser bastante razonable. Las violaciones de derechos humanos, junto con delitos como el terrorismo, narcotráfico y la desestabilización de gobiernos democráticos, suponen hechos que pueden, dada su magnitud, exceder la capacidad de su tratamiento por tribunales nacionales. Es cierto que puede ser demasiado idealista creer en el establecimiento de tales tribunales dado el actual estado del derecho internacional; pero no es más idealista que esperar, como Orentlicher, que la comunidad internacional, a través de presión política externa haga cumplir el deber de los gobiernos nacionales de perseguir violaciones pasadas de derechos humanos. De hecho, la experiencia reciente sugiere justamente lo contrario. El Tribunal de las Naciones Unidas para los Delitos de Guerra en la ex Yugoslavia es un intento de tratar el mal radical con el modelo de Nuremberg. En otras situaciones puede resultar imposible establecer tribunales internacionales, pero aun en ese caso pueden usarse arreglos intermedios alternativos: los tribunales nacionales pueden expandir su jurisdicción a escala global, o rechazar firmemente amnistías, indultos, o términos especiales de prescripción para este tipo de delitos.
Se puede construir un deber internacional más sensible al contexto fáctico que el propuesto por Orentlicher, un deber que mire más hacia el futuro. En lugar de un deber de perseguir penalmente estos hechos deberíamos pensar en un deber de salvaguardar los derechos humanos y prevenir violaciones futuras cometidas por funcionarios públicos o terceros. Hay casos claros, condenados por el derecho internacional actual, de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos en forma directa y activa. Pero también existen casos en los cuales los gobiernos no preservan derechos humanos en una forma indirecta o pasiva, socavando las instituciones, prácticas, hábitos culturales y estructuras económicas que ayudarían a salvaguardar los derechos humanos. Estas acciones u omisiones no están generalmente reconocidas como violaciones del deber general de salvaguardar los derechos humanos, a pesar de que deberían estarlo. A veces la omisión de un gobierno de investigar y perseguir violaciones de derechos humanos cometidas por un régimen anterior puede justamente ser categorizada como un abuso pasivo de derechos humanos si pone a esos derechos bajo un riesgo futuro.
A veces, sin embargo, lo que parece a los ojos de la comunidad internacional como pasividad de parte de un cierto gobierno puede en realidad ser salvaguarda activa de futuras violaciones al costo de no perseguir delitos pasados. En otras palabras, el contexto fáctico puede frustrar los esfuerzos que un gobierno realiza para promover la persecución de personas responsables por abusos a los derechos humanos, excepto cuando se corre el riesgo de provocar aún más violencia o el retorno aun régimen no democrático. En tales casos la comunidad internacional podría asumir la responsabilidad de mantener el deber general que yo estoy proponiendo. Este deber sería mucho más útil para la protección de derechos humanos que la imposición del de castigar sin tener en cuenta las circunstancias particulares que está atravesando el gobierno en cuestión, en particular la amenaza de futuras violaciones.
El mecanismo internacional aquí propuesto impide que los estados extranjeros y la comunidad internacional critique en forma simplista la omisión gubernamental de perseguir las violaciones del régimen anterior. Antes de reaccionar con críticas y sanciones, la comunidad internacional se vería obligada a realizar una profunda investigación del contexto fáctico y de las complejas cadenas causales que llevan a la violación de derechos humanos que se puede generar no sólo por liviandad en la reacción a abusos pasados, sino también por factores como presiones económicas o políticas. Tal investigación puede revelar que los obstáculos pueden ser generados por actores, como por ejemplo los gobiernos extranjeros, que se consideran por encima de toda sospecha.
En definitiva, lo que se necesita es un sistema por el cual la comunidad internacional se vea obligada a considerar los problemas únicos que un nuevo gobierno democrático enfrenta y apoyar los esfuerzos necesarios para asegurar la democracia y los derechos humanos en el futuro. El conocimiento de las circunstancias fácticas de cada caso, necesario para alcanzar soluciones justas y prudentes, excluye en general la actitud epistemológicamente elitista de intervención directa de potencias extranjeras y, al mismo tiempo, permite que se ejerzan presiones tendientes a provocar que la gente discuta y que decida por ella misma la mejor manera de proteger sus propios derechos. Al balancear cuidadosamente los esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas y para definir y hacer cumplir las normas que promueven los derechos humanos, los gobiernos, con la ayuda de la comunidad internacional, podrán garantizar en mayor medida los derechos humanos de sus ciudadanos.